Andrea Tokman, economista jefe de Quiñenco, publicó en El diario El Mercurio la columna de opinión “Volver a hablar de crecimiento” en la que analiza el movimiento económico de Chile y el futuro escenario a nivel global.

A continuación, el texto completo:

­“Estamos adoptando proyecciones considerablemente más moderadas”, dijo el ministro de Hacienda al informar hace algunas semanas sobre el ajuste en las cifras de crecimiento, que cayeron de 3,5% a 1,5% para el año 2022, y en la inflación, que, por el contrario, sube de 6,5% a 8,9%.

Un nuevo golpe de realismo que reafirma una triste tendencia: desde hace más de una década enfrentamos un deterioro lento, pero constante, de nuestra economía. La falta de cuidado por las consecuencias de más largo plazo nos está pasando la cuenta y no hemos tenido un respiro para sentarnos a reparar el daño que dejó la pandemia, porque cuando parecía que empezábamos a levantar cabeza, nos golpeó la invasión a Ucrania, mientras intentamos navegar por la inherente incertidumbre que genera el proceso constituyente.

A pesar de lo anterior, hay algunas lecciones aprendidas: la importancia de tener recursos propios o acceso a financiamiento internacional para los programas de apoyo; los instrumentos, mecanismos institucionales y planes de contingencia acordados para responder a las emergencias; no perder tiempo valioso diseñando nuevos instrumentos o peleándonos al calor del incendio; o las consecuencias inflacionarias de planes bien intencionados, pero que no van directamente a los más afectados.

Este último punto es crucial, porque en un país que había olvidado los ciclos inflacionarios, el alza de precios es el rostro más cruel de la crisis. Primero, por los efectos que genera en la economía familiar de los grupos medios y más vulnerables; y segundo, porque ha sacado a relucir ese anhelo de algunos actores políticos y sociales de construir enemigos donde no existen.

Que un grupo de parlamentarios y un ministro hayan pedido investigar el mercado del aceite, sabiendo que Chile importa casi la totalidad de lo que consume de ese producto, y que sus precios internos son reflejo de las variaciones internacionales, es una prueba de dicho absurdo, al igual que las múltiples proclamas por fijar precios, a pesar de las contundentes pruebas de que ese remedio es peor que la enfermedad.

A estas alturas son muy pocos los que niegan que la expansividad fiscal récord de los últimos dos años, junto a los masivos retiros de los fondos de pensiones, son parte del problema al financiar una “fiesta del consumo”. Pero la falta de oferta es también parte del problema, porque la menor capacidad productiva redunda en inflación. Solucionar esa carencia es menos doloroso para las personas y tiene beneficios más duraderos que las ayudas temporales que se transforman en permanentes.

En tiempos de funas y caricaturización, palabras como crecimiento, desarrollo, productividad o eficiencia han salido del imaginario colectivo. Pero si ponerle freno a la inflación es un imperativo moral, la mejor manera de hacerlo es precisamente volviendo a crecer.

Es cierto que casi todos los países han bajado su crecimiento y aumentado la inflación esperada. Sin embargo, en este empeoramiento generalizado, el chileno es más marcado. En el corto y mediano plazo creceremos menos que el mundo y que otras economías emergentes. Incluso menos que Latinoamérica. Pasamos de liderar el crecimiento regional a ir cerrando la fila. Saltamos de la cabeza del ratón a su cola, habiendo estado cerca de subirnos a la cola del león.

Para lograr revertir esta situación es clave impulsar las reformas estructurales de las que tanto hemos hablado los últimos 15 años, pero que poco y nada hemos concretado. Mejorar el capital humano, fomentar la inversión, dar estabilidad para familias y empresas que puedan aportar al desarrollo conjunto. El debate constitucional es sin duda una variable esencial en esto, pero no podemos inmovilizarnos hasta que este se resuelva.

Entendiendo que la discusión sobre las reglas del juego seguirá abierta por un buen tiempo, es urgente avanzar en pactos tributario y de pensiones que sean sustentables en el tiempo, no se cambien con cada gobierno, que no inhiban el crecimiento de la actividad y del empleo y logren captar los recursos necesarios para financiar las reformas estructurales y el creciente conjunto de derechos que la sociedad demanda.

Para que estos pactos den frutos se debe construir sobre un diálogo honesto y sin trampas, donde todos estén dispuestos a escuchar y dejarse convencer. De lo contrario, volveremos a caer en soluciones parciales y partisanas que poco aportan a resolver los desafíos que tiene el país.