Juan Ignacio Eyzaguirre, publicó en La Tercera la columna de opinión “Estado Empresario y sus conflictos” en la que analiza el rol del Estado cuando participa en la actividad empresarial.

A continuación, la columna completa:

El directorio de EDF, Électricité de France, ha demandado al Estado francés, su principal accionista, por más de €8 mil millones, profundizando las tensiones entre el Palacio del Eliseo y esta icónica empresa, cuyas docenas de centrales nucleares generan casi el 75% de la electricidad en Francia.

Ante las alzas en el costo de la energía producto de la guerra en Ucrania, el Presidente Macron forzó a EDF a reducir el precio al que vende su electricidad, generándole pérdidas operacionales estimadas en €15 mil millones. El peor resultado en su historia.

Su acción se desplomó en un quinto de su valor. El directorio, representante de los intereses de todos sus accionistas, demandó a su principal propietario. En medio de todo este embrollo, el Estado francés lanzó una oferta pública para comprar las posiciones de sus socios minoritarios en EDF, haciendo más complejo el conflicto, pues las acciones ya transaban a precios deprimidos. Para algunos el Estado empresario se presentaba más agresivo que los más voraces banqueros de Wall Street.

A estas dificultades del gobierno corporativo de EDF, se suman los problemas operacionales que la aquejan por años. Atrasos y mayores costos en la construcción de centrales nucleares, problemas de mantención con sus respectivas caídas en la capacidad de generación eléctrica, entre otros.

El caso de EDF es un claro ejemplo de las contrariedades que acarrea el concepto del Estado empresario que hemos escuchado con entusiasmo a varias autoridades del gobierno. Cuando el Estado se hace empresario, sus roles político, regulatorio, de inversionista, de socio y de empresario se prestan para confusión y múltiples conflictos de interés. En nuestro ejemplo, el Eliseo busca asegurar el apoyo de los votantes y reducir las presiones al costo de vida, colisionando con su rol regulatorio, que busca establecer reglas claras y estables, y también con su rol como accionista y socio. De paso, crea confusión y distorsiones en las decisiones de EDF.

Debemos ser cuidadosos cuando el Estado participa en la actividad empresarial. Cuando el Estado se hace empresario arriesga confundir los roles del arreglo institucional y crea conflicto de interés que pueden dañar el funcionamiento económico. El Estado establece las reglas del juego y está sujeto a las presiones de corto plazo de sus votantes, por ello es complejo cuando además salta a la cancha a jugar.

Bajo esta misma arista debemos ser cautos cuando proyectamos al Estado como administrador de fondos de pensiones. Si la Moneda manejase los más de US$ 200 mil millones de las AFPs, sería uno de los principales accionista de las grandes empresas, afectando e influyendo en sus gobiernos corporativos, extendiendo su poder político sobre el sistema empresarial, nuevamente mezclando sus roles y aumentando su dominio sobre las vidas de la gente. Además del poder político, el gobierno de turno se haría de una influencia relevante en temas tan importantes como el nombramientos en directorios y de políticas corporativas, diluyendo el importante balance y separación de poderes que ha demostrado ser la receta del éxito de las repúblicas democráticas.

Ser empresario y tener éxito es muy difícil. Miles de empresas desaparecen cada día enfrentadas a la intensa competencia, la complejidad de sus operaciones y de sus decisiones. Cuesta entender por qué ciertas autoridades quieren traer más problemas al Estado chileno, el que más bien se debiese abocar a cumplir mejor sus tareas fundamentales: garantizar la seguridad de los ciudadanos, imponer el imperio de la ley y atender las necesidad sociales de los más desfavorecidos antes de intentar su suerte en conflictivas aventuras empresariales.